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El sector más radical del
exilio cubano cuenta con el apoyo de Aznar y la FAES
06/08/2006_ El plural.com
“Aznar nos
ha dicho que podemos contar con su apoyo al igual que el de la fundación
FAES que él preside”, ha declarado a la Cadena SER el dirigente de la
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Jorge Mas Santos. De ser
cierto ese apoyo, el expresidente del gobierno español estaría respaldando a
una de las organizaciones más radicales del exilio cubano instalado en
Miami.
El negocio de Sintel
Mas Canosa acababa de desembarcar en la economía española de aquellos
momentos, con la compra de la empresa de telecomunicaciones Sintel, filial
de Telefónica. Una compra que los sindicatos criticaron duramente por
considerar que el empresario cubano había tenido trato de favor. Jorge Mas
Canosa tenía que pagar por Sintel sólo 4.900 millones de pesetas en tres
años, mientras que Telefónica le garantizaba pedidos por valor de 75.000
millones. Ese negocio tan favorable hizo que la empresa Mastec, propiedad de
Mas Canosa se relavalorizarse de forma espectacular en la Bolsa de Nueva
York. Se ha publicado que el empresario cubano exiliado pudo haber ganado,
gracias a ello, unos 30.000 millones.
¿Pagó Mas Canosa las campañas de Aznar?
En 2003 el ex embajador de México en La Habana, Ricardo Pascoe, afirmó, en
una entrevista concedida a la agenecia France Presse, que era un hecho
conocido por parlamentarios de Estados Unidos y diplomáticos europeos que
José María Aznar había recibido apoyo económico del multimillonario Mas
Canosa. En sus declaraciones de hoy a la Cadena SER, el hijo del
empresario cubano, al referirse al apoyo de Aznar a su causa afirma
textualmente: “Es no sólo lo que necesitamos, sino lo que esperamos de él”.
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Los empleados de Sintel rechazan la propuesta del Gobierno
21/07/2001_ EL MUNDO
El secretario
de Política Industrial de CCOO, Ramón Górriz, manifestó a EL MUNDO que
«entendemos que la reacción inicial de los trabajadores de Sintel, que están
sufriendo una situación muy dura, sea negativa en un primer momento pero hay
que tener en cuenta que ésta puede ser la última oportunidad para no perder
el tren de la salvación de sus puestos de trabajo».
Desde diferentes
frentes del Gobierno se pidió ayer «sentido común» y reconsideración de la
propuesta al comité de empresa de Sintel.
Pio Cabanillas, ministro portavoz, señaló que el Ejecutivo ha cumplido ya
con el mandato parlamentario «tanto en sus objetivos como en sus propios
límites».
Rodrigo Rato,
vicepresidente segundo y ministro de Economía, se mostró sorprendido por el
rechazo del comité a la propuesta y dijo que esperaba que éste se replantee
la cuestión, máxime después de que Gobierno, interlocutores sociales y
Parlamento se hayan involucrado en solucionar una crisis empresarial.
El ministro
de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, pidió al comité una «reconsideración»
pues la propuesta de recolocación es una oferta «razonable y comparable con
las actuaciones llevadas a cabo en sectores o empresas en crisis».
Asimismo, el
secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, señaló que el
plan presentado entre los ministerios de Ciencia y Tecnología y Trabajo y
Asuntos Sociales, «es el mejor de los posibles» y pidió prudencia hasta que
los trabajadores tomen una decisión definitiva.
Por su parte,
el presidente de Telefónica, César Alierta, aseguró ayer que la oferta
para recolocar entre 800 y 1.000 trabajadores es una «buena solución con la
que hemos ido a los más alto que podíamos».
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El Gobierno y Telefónica acogen con
sorpresa el rechazo del comité de Sintel a su propuesta
21/07/2001 _ABC
El comité intercentros justifica su negativa a la propuesta
del Gobierno y Telefónica porque, entre otras cosas,
no recoge lo que dijo en el Parlamento el presidente del Gobierno, José María Aznar, el 20 de
junio pasado: «La empresa puede ser viable y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología está buscando un socio industrial». Y eso es lo que desean:
«Sería la solución ideal, ya que Sintel es hoy viable, como lo ha sido
siempre. por lo que la solución más lógica es que fuese reflotada por un
grupo industrial, lo que sucede es que Telefónica aborta sistemáticamente
esta salida», subrayó Jiménez. |
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Sintel, la historia de un negocio dudoso
28/07/2001_ EL MUNDO
Desmantelamiento y
descapitalización
Una historia ésta que muestra una excepcional
labor de desmantelamiento y descapitalización empresarial amparada
principalmente en una gestión desastrosa que encierra una maraña de
actividades financieras rayanas en la ilegalidad (la Fiscalía Anticorrupción
tiene abiertas diligencias al hallar indicios de irregularidad en la
privatización y posterior gestión de la antigua filial de Telefónica).
Todo parece indicar pues que el principio de todo el conflicto, durante el
cual han muerto 14 trabajadores, siete por suicidio y otros siete por
infarto, está en la venta de la ahora ex filial de Telefónica a una empresa
radicada en Miami y cuyo dueño era el presidente del principal lobby cubano
de oposición al régimen de Fidel Castro, Mastec.
La operación siempre pareció algo opaca a muy diversos analistas. En 1996,
Telefónica era todavía una empresa pública, su filial también y Cándido
Velázquez, su presidente.
Además fue año de elecciones, el Parlamento estaba disuelto y el Gobierno,
todavía socialista, en funciones.
Nadie opuso resistencia a la venta
Sintel había estado ligada desde su fundación, en 1975, a la operadora
española. Su capital ascendía a 3.100 millones de pesetas, tenía un valor en
libros de 4.935 millones y unas reservas que ascendían a 1.156, según la
última memoria presentada por Telefónica en junta de accionistas en marzo de
ese año.
Entonces Telefónica firmó la venta de su filial y, ni el Gobierno saliente
ni el entrante, pusieron ningún obstáculo; a pesar de la polémica que se
generó. Poco después Velázquez dejó su puesto a Juan Villalonga y el control
político sobre la venta se hizo imposible.
El montante total de la operación ascendió a 4.900 millones de pesetas
pagaderos en tres plazos, en diciembre de 1998 todo estaría pagado.
Además, la operadora española se comprometió a contratar los servicios de la
antigua filial por valor de 75.000 millones entre 1996 y 1998, mientras que
la compradora Mastec Internacional se comprometió a no vender las acciones
de su nueva filial hasta el inicio de 1999 sin el consentimiento previo de
Telefónica.
Las dudas sobre esta venta se reprodujeron en muchos foros, desde sindicatos
a analistas del sector, pasando por medios de comunicación.
Presunto "amiguismo"
Además, a la polémica sobre la transparencia de la operación se unió la
presunta amistad del presidente del Gobierno español, José María Aznar, con
el millonario Mas Canosa. La beligerancia de los primeros días de Aznar en
La Moncloa para con el régimen de Fidel Castro y los rumores de financiación
del PP por parte de este millonario anticastrista, hicieron saltar las
suspicacias ante lo que parecía ser una venta fraudulenta.
También se habló entonces de que la venta se había realizado a un precio por
debajo del valor real de la filial dedicada a servicios tecnológicos. Se
valoraron unas pérdidas paraTelefónica de 2.347 millones de pesetas.
Según los datos que se ofrecieron entonces, los fondos de Sintel en el
momento de la operación ascendían a 3.567 millones de pesetas, a esto se le
debe sumar una ampliación de capital que la operadora española llevó a cabo
por valor de 3.000 millones antes de la firma del contrato de venta, y otros
690 millones de pesetas de beneficios en 1996.
Todo esto hace un sumatorio de 7.247 millones, al que, si se le resta el
precio que debería pagar Mastec por Sintel, resultan los 2.347 millones que
Telefónica dejó de recibir.
Por si esto fuera poco, apenas dos meses después de la compra de Sintel, la
cotización en Bolsa de Mastec subió vertiginosamente hasta alcanzar una
plusvalía próxima al 400%.
El Gobierno debía intervenir
El Parlamento aprobó por unanimidad una moción para que el Gobierno
interviniese en el conflicto y buscar una solución definitiva que incluyese
la salvaguarda de los puestos de trabajo y el pago de las, hasta hoy, once
nóminas que se les adeuda a los acampados en La Castellana. El Gobierno
entraba pues en liza, y pasados dos meses hacía que también lo hiciera
Telefónica.
La presión popular, el apoyo político y social que han empezado a recibir en
los últimos meses, y las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción,
provocaron finalmente que Gobierno y Telefónica se pusiera a buscar una
salida al conflicto.
Gobierno y Telefónica presentaron un plan para saldar este contencioso, del
que algunos han sacado enormes plusvalías y del que otros, los trabajadores,
muchos dolores de cabeza, angustias, depresiones y alguno que otro la
muerte.
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El fiscal afirma que el gobierno cometió el error de favorecer a los imputados de Sintel
28/07/2001_La Vanguardia
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el
plan de viabilidad presentado por Sintel antes de quebrar "indujo a error"
al Gobierno "en cuanto que éste, contra el criterio del inspector de
Trabajo, admitió la extinción de 796 contratos de trabajo; una medida que
sin duda favoreció objetivamente los intereses de los querellados".
Según las tesis del fiscal que Garzón
incorpora a su auto, la venta de Sintel en aquella fecha vulneraba el
compromiso de Mastec de no venderla antes del 31 de diciembre de 1998. El
mismo día 30, Mastec le firmó a Telefónica un curioso reconocimiento de
deuda por los más de 3.000 millones de pesetas que le adeudaba por la compra
de Sintel. Y es que Mastec y Telefónica acordaron que fuera la propia Sintel
la que actuara como garante respecto a dicha deuda, en caso de impago de
ésta por Mastec.
El grupo de la familia Mas Canosa siguió incumpliendo sus compromisos. Y
ello obligó a Sintel a pagar 2.430 millones por su propia venta. Para colmo,
en 1999 Sintel concedió al grupo Mastec créditos por un total de 488
millones, los cuales Garzón ha ordenado bloquear.
Según el fiscal, esas operaciones "no tenían otro fin que el vaciamiento
patrimonial" de Sintel. "En su actividad fraudulenta, los querellados
hicieron lo necesario para evitar el conocimiento de la situación real de la
empresa, no sólo ocultando su patente crisis, sino proponiendo unos planes
de viabilidad que no estaban dispuestos a cumplir." Para Anticorrupción, fue
aquí donde el Gobierno, al aprobar el plan de marzo de 2001, se equivocó.
Ello a pesar de que la Inspección de Trabajo había advertido que el plan no
preveía "ninguna medida para garantizar la recuperación de Sintel".
Garzón impone 13.170 millones de
fianza por el 'caso Sintel'
28/07/2001_ EL PAIS |